My interests include food systems, support for culinary enjoyment rather than turning meals into formulae, global health enhancement, policy and strategy and everyone who deprecates reductive, reactive actions.
Publicado el 18/02/2025
¡Saludos!
En primer lugar, nos gustaría que esta contribución fuera comprensible para todos, ya sea un profesional de la evaluación, un productor de alimentos o un consumidor común. De lo contrario, correría el riesgo de convertirse en una publicación académica inaccesible para las personas realmente preocupadas por las políticas y regulaciones que afectan los sistemas alimentarios.
Es fácil y sencillo delinear lo que tales políticas y regulaciones deberían permitir que los sistemas alimentarios logren. Sin embargo, los teóricos suelen olvidar que los deseos y necesidades de los usuarios finales de los sistemas alimentarios varían ampliamente. Estas preferencias y requerimientos están, en su mayoría, determinados por su cultura alimentaria, la cual posee tanto una relevancia fisiológica como ambiental que no debe pasarse por alto.
En resumen, las políticas y regulaciones exitosas en este ámbito deberían guiar adecuadamente los sistemas alimentarios para cumplir con los siguientes objetivos:
- Su funcionamiento debe ser progresivamente sostenible desde el punto de vista ambiental, ya que la mayoría de los sistemas actuales no lo son. Por lo tanto, es necesario avanzar gradualmente hacia su sostenibilidad futura.
- Su producción debe estar orientada, en la mayor medida posible, por las normas de la cultura alimentaria local.
- Su producción debe ser suficiente para que los usuarios finales puedan acceder a una dieta saludable, variada y equilibrada.
- Sus productos deben ser físicamente accesibles y asequibles para los consumidores finales.
- Se debe minimizar al máximo la pérdida de alimentos. Ni las políticas ni las regulaciones ofrecen una solución viable para reducir las pérdidas de alimentos a nivel doméstico. No obstante, sí pueden ser útiles para reducirlas en los sub-sistemas de comercio, almacenamiento y transporte dentro de los sistemas alimentarios.
Es importante enfatizar que, a menos que se cumplan estos criterios, ninguna mejora técnica en los sistemas alimentarios ni en su financiamiento permitirá abordar los problemas del hambre, la malnutrición y la nutrición inadecuada que persisten en el mundo actual. Para determinar si un sistema alimentario cumple con estos criterios, es necesario llevar a cabo inspecciones locales, lo que permitirá posteriormente formular regulaciones generales pertinentes.
Sin embargo, hay que recordar que el valor de tales regulaciones será nulo si no existe un mecanismo capaz de hacerlas cumplir con la suficiente eficacia.
A menudo, es tentador orientar tanto las políticas como las regulaciones en beneficio exclusivo de un grupo particular de productores, recolectores (por ejemplo, pescadores) o consumidores finales. No obstante, un análisis cuidadoso de cualquier sistema alimentario revelaría que la pobreza de los agricultores, así como la malnutrición y la nutrición inadecuada, suelen derivar de desigualdades dentro del sub-sistema comercial de un determinado sistema alimentario.
Dicho esto, las deficiencias en otros sub-sistemas del sistema alimentario pueden tener efectos similares, ya sea debido a una producción insuficiente en el sub-sistema agrícola o a pérdidas significativas durante el almacenamiento y el transporte.
El objetivo de una política alimentaria y agrícola es permitir que la población de un país pueda acceder de manera regular a los alimentos necesarios para mantener una dieta saludable, variada y equilibrada a un costo asequible.
El logro de este objetivo requiere una serie de estrategias cuya naturaleza específica depende de la cultura alimentaria vigente en cada país.
El éxito de esta política depende de dos requisitos fundamentales. Primero, las estrategias que se implementen deben ser coherentes entre sí, es decir, debe existir una armonía intra-política.
Por ejemplo, en un país donde la mayoría de la población no recibe una nutrición adecuada, una política agroalimentaria basada en la inversión en cultivos comerciales no es coherente con el objetivo mencionado anteriormente. En ocasiones, las organizaciones internacionales son responsables de este tipo de incoherencias, como lo demuestra el caso del Banco Mundial, que obligó a ciertos gobiernos de África Occidental a exportar su producción de maní, lo que resultó en malnutrición proteica entre los niños.
En segundo lugar, dado que un sistema alimentario está compuesto por varios sub-sistemas bajo la jurisdicción de distintos ministerios, sus políticas pueden entrar en conflicto con el objetivo principal de la política agroalimentaria del país. Esta falta de armonización inter-política puede tener consecuencias muy perjudiciales para la población afectada.
Consideremos, por ejemplo, la política comercial de un país que permite la importación de nuevos productos alimentarios o el establecimiento de grandes plantaciones de monocultivo extranjeras. Esto podría tener efectos desastrosos para los pequeños productores, los minoristas independientes y el estado general de la nutrición en el país.
Lograr la armonización inter-política requerida es difícil por tres razones:
- Los intereses creados que afectan a todos los gobiernos.
- La norma burocrática de escudarse tras la "autonomía institucional" para preservar el statu quo.
- La falta de amplitud intelectual y competencia para comprender la necesidad de esta armonización en cada área donde las autoridades deben cumplir con sus promesas.
Un lector perspicaz notará que, mientras que las regulaciones necesarias requieren una investigación in situ, la verificación de una armonización adecuada tanto intra-política como inter-política debe realizarse antes de implementar las estrategias definidas. Esto puede presentar diversas dificultades, pero si no se lleva a cabo, el fracaso parcial de una política agroalimentaria será inevitable. La inercia de la tradición burocrática y la fascinación por la terminología técnica parecen ser los mayores obstáculos al progreso en este ámbito.
¡Mis mejores deseos!
Lal Manavado
Norway
Lal - Manavado
Consultant
Independent analyst/synthesist
Publicado el 08/09/2025
How to Ensure the Use of Evaluation Results in Decision Making
A historical retrospect of the evolution of policies would convince one of their fragmented and less than coherent emergence. A concerted attempt to ascertain their public utility by evaluation is fairly new. Thus, decision-making seems to have had a logical priority over evaluation.
Before one proceeds, it is important to distinguish between decision-making and implementation. Owing to its general character and political considerations, the former is all too often guided by expediency or an obvious public need. This may be far from being ideal, but one would have to take political reality into consideration were one to make a worthwhile contribution to public well-being.
This obvious distinction between decision-making and implementation introduces a temporal component to what kind of evaluation would be of significant utility to decision makers. This may be called pre- and post decision making evaluation feed-back respectively. When a decision is to be made, pre-decision evaluation feed-back could provide some useful guidance as to its appropriateness with reference to the following criteria:
• Competence of decision makers and decision implementers; this ranges from the national and regional to the local field levels.
• Cost of procurement, operation, and maintenance of the tools and other materials required for implementing a decision.
• Its effects on the environment, national employment figures and the equitability of its results.
• Its implications on local culture, public health etc.
The perceptive reader would have noticed at once that the evaluation of those four criteria could only be undertaken with reference to a specific decision, hence, its logical priority over evaluation.
Here, evaluation faces two major challenges:
• Degree of political devolution in a country; for instance, in Canada, the provinces have a great deal of political autonomy, thus the regional policies ought to be dovetailed into their national counterparts. In Scandinavia, local authorities have a great deal of autonomy, hence, in those countries, decision design applicable to the area is carried out locally. In such cases, decision evaluation has to be very flexible because what food each area may successfullyproduce can vary significantly.
• Differences in the type of data on which an evaluation could justifiably be based vary
considerably. While policies and their implementation strategies are concerned with overall national benefit, that at the local or field level one has to pay attention to what contribution a plan/project may make first to the well-being of an area and then to the country as a whole.
When a previous decision to achieve comparable objectives has been implemented, the actual public utility of its results would provide the evaluator some very useful guidelines on what recommendations would be most useful to the designers and implementers of the next decision on the same subject. The utility of such recommendations depends on the willingness and ability of the political leaders and their decision makers to learn better ways of doing things.
Next, one encounters the problem of identifying the data on which an adequate evaluation may be based. Obviously, what ought to be monitored depends on the level at which an evaluation is carried out. For instance, an evaluation of a decision and its implementation strategy will require the pertinent information relative to the four criteria described earlier. It will be noted that at regional and local levels, the relevant data will also vary according to the political powers vested in them.
Finally at the plan/project level one needs clearly to distinguish between monitoring the ‘objective facts that may indicate its successful completion, and the actual benefits it offers the target group. A multi-million Dollar motor way hardly used by vehicular traffic had been quoted in this forum as an example of the former.
This sketch of multi-layered evaluation required at national, regional and local levels
provides one a glimpse of the way forward. It has two dimensions:
• National decision-makers have neither the time or the inclination to peruse evaluations of plans/projects; what they need to know are the achievable goals of national importance, like a way to enhance food production. The decision and implementation strategies needed here are general in character. One might say that those provide a framework aimed at a general goal, while successful plans/projects can be seen as the pieces of a jigsaw puzzle, and if the general goal is attained, then those pieces would fit snugly into the picture of success.
• The four criteria discussed earlier will guide those pieces of the jigsaw puzzle as to their place in the whole, their suitability with reference to a national goal. Therefore, the challenge one faces in incorporating evaluation as an adjunct to national planning is how to make the decision-makers understand its usefulness and persuade them to use it appropriately. Unfortunately, their unwillingness or inability to apprehend the necessity of completeness of the means of implementation in use, failure to grasp the need for inter- and inter decision harmony make the present task rather difficult.
Lal Manavado.